Federalistas de Castilla y León, como parte de la asociación Por una España Federal, tiene por objeto promover y difundir propuestas que den respuesta a los graves problemas actuales de la organización territorial en España que no encuentran ya solución en nuestro estado autonómico, transcurridos casi 50 años desde la Constitución de 1978. Propuestas que deben situarse en el esquema de los principios e instituciones de un estado federal.
Por ello, ante el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC en el ámbito del parlamento de Cataluña, con claras repercusiones para el modelo de organización territorial de todo el Estado español, consideramos imprescindible fijar y hacer público el posicionamiento de la Asociación de Federalistas de Castilla y León, especialmente sobre los aspectos relativos a la financiación de Cataluña establecidos en dicho pacto.
El reparto de los recursos económicos entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) se viene concretando en el denominado Sistema de Financiación Autonómico (S.F.A.) que debe recoger los mecanismos de nivelación y ajuste para permitir que todos los habitantes dispongan de un nivel similar de prestaciones en los servicios públicos esenciales, con independencia del lugar de residencia en España. El citado pacto PSC/ERC incide clara y frontalmente en el S.F.A. actual y, por lo tanto, es obligado hacer un análisis crítico de sus propuestas a la luz de los postulados que defiende la Asociación “Por una España Federal”.
La alternativa federal, que se dirige a mejorar la organización territorial de nuestro país, afecta a las distintas administraciones públicas, a sus relaciones y, lo más importante, al avance y mejoría en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y por ello tiene carácter transversal, sin adscripción partidista preestablecida. Resulta importante evidenciar este carácter independiente de opciones políticas concretas, tratando de incorporar a estos planteamientos federales a opciones hasta ahora renuentes a la solución federal en nuestro país, considerando que sólo la respuesta federal ayudará a resolver los problemas que nuestro estado autonómico ha puesto de manifiesto. (Algunos de ellos los hemos visto bien claramente en la reciente tragedia ocasionada por el desastre natural de la DANA en la Comunidad Valenciana y en Castilla la Mancha).
El esquema federal se construye alrededor de tres importantes principios: cooperación, coordinación y lealtad constitucional/institucional. Importa subrayar que estos (especialmente los de lealtad y cooperación) van en los dos sentidos: del Estado Central/Federal con los Estados Federados/territorios (CCAA) y también de los territorios/CCAA con el Estado Central/Federal.
En el ámbito más estrictamente político requiere de instituciones en las que estos principios se concretan: el Senado como cámara de representación exclusivamente territorial, con representantes designado por las CCAA/Estados Federados (cuestión pendiente en nuestro país y que precisa la reforma constitucional). Normalización del funcionamiento periódico de la Conferencia de presidentes de las CCAA. Normalización periódica de las conferencias sectoriales entre el Estado y las CCAA, sin que sean utilizadas de forma partidista y en las que cobre especial importancia que haya lealtad entre todos los actores: Estado y CCAA.
En el ámbito económico financiero adquiere una importancia transcendente el S.F.A. pues es preciso articular los recursos económicos en las varias esferas que conforman la organización territorial en nuestro estado compuesto.
“La financiación es el elemento más sensible en todos los sistemas federales. Del acierto en articular un modelo de distribución de los recursos financieros que sea coherente, equilibrado, y justo depende la salud y viabilidad a largo plazo del sistema de autonomías territoriales y la adecuada integración del país, a través de un efectivo sistema de nivelación financiera que garantice la solidaridad interterritorial” (Alberto López Basaguren. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. UPV).
El sistema de financiación autonómica ha de ser en primer lugar transparente, que permita analizar y comprobar los flujos financieros que van del Estado a las CCAA y de estas entre ellas, así como el o los fondos que incluya el S.F.A.
El sistema de financiación tiene que garantizar la igualdad de todos los habitantes en el acceso a los servicios públicos esenciales propios del Estado del Bienestar. Ha de ser un sistema de tipo general o común, aplicable a todos los territorios y ha de ser también de carácter multilateral: concreción de los principios de cooperación y lealtad, con participación de todos los territorios.
Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, en la gestión de los tributos de titularidad estatal y que han sido cedidos a las CCAA debe primar la lealtad constitucional, no haciendo la competencia entre CCAA con rebajas fiscales que discriminan a los habitantes en función del lugar de su residencia.
Es importante referir también que esta participación multilateral ha de mantenerse también en la fase de la recaudación e inspección de todos los tributos de titularidad estatal a través de una Agencia de Administración Tributaria (A.A.T.) consorciada entre el Estado y las CC.AA., que permita total transparencia en la evaluación de los recursos financieros recaudados, su distribución y reparto entre ellos.
Por último, es necesario que el S.F.A. sea evaluado y revisado de forma periódica para su adaptación a la realidad fiscal y del gasto público de los servicios esenciales y que no se haga con arreglo a criterios de oportunidad política del momento para la formación de mayorías ocasionales de gobierno, como se ha venido haciendo en muchos momentos, sino a las necesidades de la prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio español.
El acuerdo entre el PSC y ERC fija un modelo que NO se corresponde con las características que aquí hemos recogido como propias de un sistema federal. Su principal línea de actuación tiene como objetivo que “La Generalitat gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, salvo los de naturaleza local” y que lo lleve a cabo a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (A.T.C.). Añade que la aportación a las finanzas del Estado tiene dos partes: el coste de los servicios prestados por el Estado en Cataluña y la aportación a la solidaridad. Todo esto basado en la negociación bilateral con el Estado, con características similares al sistema foral del Concierto con el País Vasco y al Convenio de Navarra.
No parece necesario insistir en las diferencias entre un modelo federal y el que propone el pacto: las exigencias de total disponibilidad de los recursos recaudados en Cataluña con su organismo propio y la exigencia de relación bilateral para la concreción de sus aportaciones al Estado conducen a pensar en otro tipo de organización territorial, no precisamente federal, sino de tipo confederal. El pacto no va en dirección a un sistema federal.
Por todo ello, la asociación Federalista de Castilla y León manifiesta que el pacto firmado entre el PSC y ERC va en dirección contraria al avance hacia un modelo federal en nuestro país, porque propone un nuevo modelo de financiación “singular” para Cataluña, con medidas que multiplicarán los problemas del sistema de financiación, además de aumentar las diferencias entre los habitantes del territorio español.
Podemos concluir, en palabras de Alberto López Basaguren, que “el modelo que se propone para Cataluña nos aleja del necesario proceso de perfeccionamiento federal del que está necesitado nuestro sistema autonómico. Y tiene como resultado el debilitamiento fiscal del Estado, lo que limitará la capacidad de gobierno del conjunto del país”.